Al menos tres vecinos se presentaron en la Justicia por los daños sufridos tras la explosión en Alta Córdoba.
Eduardo Amaya, papá de Pablito –el chico que está grave tras la explosión ocurrida el jueves por la noche–, se presentó hoy como querellante en la causa por la explosión de Alta Córdoba.
El hombre es patrocinado por el abogado Carlos Nayi, quien también patrocina a José Planka, dueño del complejo de departamentos colindante a la planta de químicos.
Amaya manifestó que quiere justicia por el daño moral, psicológico y físico que sufrieron en la noche de la explosión.
Nayi adelantó que pedirá la inhibición de bienes de Sergio Raponi, único imputado y detenido de la causa, y que se lo impute por almacenamiento ilegal de productos inflamables, y por lesiones gravísimas.
Además, solicita que se investigue a los funcionarios municipales por eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Beatriz, la pareja de Amaya, relató que se quedaron sin nada y que creen que la responsabilidad es de la Municipalidad por permitir el funcionamiento de esa planta. “El dueño de la empresa tiene la mayor responsabilidad, pero creemos que el municipio es responsable por la localización de la fábrica”, dijo.
Por último, un tercer vecino de Alta Córdoba, de apellido Sánchez, se presentará ante la Justicia representado por el abogado Facundo Pérez Lloveras.
Declaración
La fiscal Eve Flores dijo que en los próximos días tomará declaración indagatoria a Raponi, dueño del depósito que explotó.
Y señaló que está a la espera de los resultados de los peritajes de Bomberos y de Policía Judicial para saber cómo se originó el incendio.
“Confío en la pericia, que los técnicos puedan evaluar dónde se inició el fuego y por qué motivo se inició. Y en base a eso poder seguir avanzando”, agregó.
Defensa industrial
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) expresó ayer su preocupación por la explosión y pidió a las autoridades “avanzar sobre la planificación” de parques industriales “para la regeneración urbana integral”.
La UIC apeló “a la responsabilidad” de las empresas para que lleven adelante su actividad “conforme a las normas vigentes, cumpliendo los requisitos necesarios para funcionar adecuadamente”.
Y agregó: “Resulta no sólo equivocado exigir la relocalización de una industria autorizada por la autoridad de control, sino también generalizar con posiciones extremas el desprestigio de una actividad que genera empleos y riquezas en una ciudad y provincia industriales”.
Fuente: www.lavoz.com.ar
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