Código Contravencional: trapitos y ruidos molestos

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Por tercera vez el Gobierno porteño mandó a la Legislatura un proyecto para cambiar el Código Contravencional. Quiere un trámite exprés, pero hasta ahora nunca logró consenso para aprobarlo.
Una vez más, el Gobierno porteño quiere prohibir a los cuidacoches y a los limpiavidrios, e impedir que los motociclistas circulen con acompañante en el microcentro. También agilizar los procesos para recuperar inmuebles usurpados y lograr que los ruidos molestos dejen de ser una contravención para ser una falta, lo que implicaría procedimientos más sencillos para sancionarlos. Para todo esto, acaba de enviar un proyecto a la Legislatura para modificar los códigos Contravencional, de Faltas y Procesal Penal y la Ley de Procedimiento Contravencional. La iniciativa podría tratarse antes de fin de año.
Esta es la tercera vez que la gestión macrista presenta un proyecto para prohibir a los trapitos y a los limpiavidrios, pero nunca logró consenso para aprobarlo. Esta vez insiste en un fin de año de recambio legislativo y en que se renuevan cargos operativos dentro del cuerpo. Y se espera un fuerte debate.
La Justicia contravencional recibe 250 denuncias por mes por abusos de cuidacoches. En los últimos días, el asesinato de uno en una pelea frente al Zoo reavivó la polémica. El Código Contravencional sanciona con penas de uno a dos días de trabajo de utilidad pública o multas de $ 200 a $ 400 a los que exigen una retribución a cambio de estacionar o cuidar coches. Pero el macrismo quiere que se sancione al que “ofrece o ejecuta” estas acciones “sin permiso de la autoridad competente”, exija o no retribución. También va contra los que hacen “ademanes” para guiar el estacionamiento y los que reservan lugares. Además, busca castigar a los trapitos con de uno a 5 días de arresto o multas de $ 200 a $ 2.000. La pena se duplica si hay organización previa y se triplica para los organizadores.
Las mismas sanciones recibirían los limpiavidrios, acusados con frecuencia de cometer arrebatos en zonas como la avenida 9 de Julio. Su actividad no está prohibida, a menos que incurran en amenazas, daños, extorsión o robo. Todos delitos difíciles de probar, porque hay que sorprenderlos in fraganti. El Ejecutivo quiere que la actividad misma sea una contravención.
El macrismo también insiste con su proyecto para prohibir que los motociclistas circulen con acompañante en el microcentro, los días hábiles de 10 a 16. Así busca prevenir salideras bancarias. Las multas irían entre $ 1.000 y $ 4.000. Además de cambiar el Código Contravencional, modificarían el de Tránsito, para delimitar el área de la prohibición entre Córdoba, Carlos Pellegrini, Leandro N. Alem y Rivadavia, excepto las avenidas Corrientes y Roque Saénz Peña y las arterias perimetrales.
“Vamos a insistir con estos proyectos –sostuvo el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta–. La gente está harta de que la amenacen en la calle. Como siempre, para aquellos que tengan una verdadera necesidad social, el Gobierno tiene planes para contemplarlos. Pero no podés permitir que sigan existiendo aprietes y amenazas que cada vez son más y más graves. Esperemos que ahora la oposición tome conciencia de que esto es lo que la gente le está pidiendo”.
Los piquetes también están en la mira. Hoy, el que “impide u obstaculiza” la circulación es sancionado con de uno a 5 días de trabajo de utilidad pública o multas de $ 200 a $ 1.000. El Ejecutivo quiere triplicar la pena para los manifestantes con la cara tapada o que lleven elementos intimidantes, como palos o cadenas. Aún con la ley actual, los piquetes son difíciles de controlar. El año pasado hubo 851. En la Justicia Contravencional dicen que no cuentan con colaboración policial, porque la Federal debería actuar de oficio para impedirlos y para identificar a los organizadores. Pero esto no suele suceder.
Otro cambio propuesto para el Código Contravencional aumenta las penas por la violación de clausura, que hoy es de $ 600 a $ 6.000 de multa o de 3 a 10 días de arresto. La idea es llevarlas a entre $ 5.000 y $ 20.000 y a entre 5 y 20 días, respectivamente. Además, los ruidos molestos dejarían de ser una contravención para ser sólo una falta. La sanción, que hoy es de 200 a 50.000 unidades fijas, se reduciría a una pena máxima de 10.000. En el Ejecutivo dicen que así será más fácil sancionar, porque en vez de un largo proceso judicial habrá un procedimiento a cargo de un controlador de faltas especiales.
También se impulsa un cambio en el Código Procesal Penal, para que ante una usurpación de inmuebles el juez deba realizar una audiencia en un plazo de 72 horas y así agilizar los tiempos de los desalojos.
Fuente: www.clarin.com
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