El desalojo de un edificio situado en la esquina de Bartolomé Mitre y Libertad, anteayer, por daños en las columnas interiores encendió la alarma: cada vez son más los vecinos que temen posibles derrumbes por obras en edificios linderos.
Como Diana Saraceni, quien no vive tranquila por la construcción de varias torres que avanza en el terreno aledaño a su casa, en Rojas 691, Caballito: desde que en julio del año pasado la pala de una excavadora tocó las bases de su PH. «Yo estaba enfrente, en mi trabajo, y me avisaron que vibraba todo. Corrí a la obra. Vinieron el ingeniero y un asistente y comprobaron que estaban clavando la pala en los cimientos de mi casa, que son de barro. Menos mal que estaba cerca y pude detenerlos, si no, se hubiera venido todo abajo», explicó la mujer, que es empleada pública.
Luego, recordó, la obra continuó en un sector del lote -una parcela gigante con salida sobre Rojas, Mendes de Andés y Felipe Vallese- más alejado de la casa de Saraceni y, recientemente, los trabajos cesaron porque la empresa se declaró en quiebra. «Pero yo estoy siempre atenta. Ruego no tener que salir corriendo si me pegan otra sacudida. Antes de la quiebra de la constructora, me mandaron un arquitecto para relevar el estado de mis muros, por si llegaba a haber algún daño. Sufro una indefensión terrible, el Estado no escucha mis denuncias«, sintetizó.
Ante el resultado del estudio oficial y la repetición de siniestros, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió inspeccionar con una frecuencia más alta, cada 15 días, para las instancias de demolición, excavación y colocación de losa sobre planta baja, en las que suele trabajarse sobre las medianeras. La frecuencia irá bajando a medida que avanza la construcción.
Como diagnóstico previo a la aplicación de la flamante ley, la AGC también realizó un censo sobre todas las excavaciones existentes entre el 1° y el 20 de diciembre. Sólo el 1,25% (5 obras) debieron ser clausuradas de inmediato por tratarse de demoliciones sin permiso (dos casos, en Palermo y Caballito), por falta de documentación o cartel de obra antirreglamentario (un caso, en Parque Chacabuco), por falta de medidas de seguridad o trabajos que no coincidían con el plano aprobado (un caso, en Almagro) y por no poseer pantallas y no acatar la orden de paralización (un caso, en Liniers).
Las obras controladas tenían domicilio en Caballito (30% de los casos), Palermo (25%), Villa Urquiza (18%), Belgrano (15%), Villa del Parque (8%) y otros barrios (4%).
«Un 1,5% de clausuras sobre el total es una enormidad desde la responsabilidad y ética profesional. Las faltas que se cometían en 113 obras son menores sólo comparadas con derrumbes y muertes. Si falta de cartel de obra, por ejemplo, el público desconoce quién es el responsable y si lo proyectado cumple con la normativa vigente», opinó el arquitecto Rodolfo Fernández, vecino de Caballito e integrante de la asociación SOS Caballito.
Por Angeles Castro
Fuente: La Nacion
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