Están previstos por una y aún no reglamentada

La oposición porteña volvió a acusar ayer al gobierno de Mauricio Macri de ser responsable del derrumbe del edificio de 10 pisos en el barrio de San Nicolás, en tanto y en cuanto no reglamentó una ley aprobada en septiembre del año pasado, que impuso la obligatoriedad de que inspectores de la Ciudad verifiquen las obras de construcción en las etapas de demolición y excavación.

Como se recordará, supuestas anomalías durante una excavación en el predio de Bartolomé Mitre 1228 provocaron que cedieran los cimientos y rajaduras en el inmueble lindero, de Bartolomé Mitre 1232, lo que ocasionó la caída del segundo cuerpo del edificio y un peligro de derrumbe inminente en el otro cuerpo.

En una conferencia, los diputados del interbloque K Juan Cabandié, Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra, Gabriela Alegre, Francisco Nenna, María José Lubertino, María Elena Naddeo, Raúl Puy, Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova denunciaron que, por demoras del Poder Ejecutivo en reglamentar la ley 3562, .

El año pasado, luego del derrumbe con tres muertos en un gimnasio en Villa Urquiza, sucedido como consecuencia de una excavación irregular en el terreno aledaño, la Legislatura estableció por ley que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) debe realizar una inspección durante la demolición y otras dos durante la excavación.

En ese sentido, previó que, cuando la cota de fundación supere los 4 metros, las verificaciones deben concretarse al cumplirse el 10% del cronograma de tareas, una, y el 50% del plan de obra, la otra.

«En la gestión de Macri hay un récord de 20 derrumbes, con nueve muertos y muchos heridos», sostuvo el diputado Cabandié (Encuentro para la Victoria) y opinó que «hoy no hay seguridad para los ciudadanos«. Finalmente, sostuvo: «La única forma de frenar la especulación inmobiliaria es la presencia del Estado».

Por su parte, el ibarrista Epszteyn indicó que citarán al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y a otros funcionarios en relación con el derrumbe del viernes y otros en los que «estuvo afectada la seguridad de trabajadores de la construcción».

Críticas de Tomada

El gobierno nacional se hizo eco de las acusaciones contra Macri por medio del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. «No queremos una construcción más que sea riesgosa para quienes trabajan o para los edificios linderos», señaló y pidió que «el ingeniero Macri se haga cargo».

Voceros de la AGC respondieron que «la ley no se reglamentó por las imperfecciones y la falta de consenso con las entidades profesionales que aplican y construyen en la ciudad, al momento de su aprobación. La AGC salió a buscar los consensos con los consejos profesionales de ingeniería y arquitectura para poder hacer operativa una ley de difícil aplicación».

Por su parte, el secretario adjunto de la Uocra porteña, Rubén Pronoti, presentó un petitorio ante el gobierno porteño, en el que exige la reglamentación de la ley 3562, la publicación de actas por infracciones en obras y la creación de un registro de empresas que incumplan normas.

Desde la Dirección de Protección Laboral del gobierno porteño acusaron a la Uocra de no fundamentar sus denuncias en visitas previas a las obras en construcción, sino que realiza «denuncias cliché y a ciegas». En ese sentido, afirmaron que, tras una queja recibida por los trabajos en Mitre 1228 el 11 de agosto, según la cual «la obra estaba en estado de hormigón y con gente trabajando», la inspección posterior constató que la denuncia era falsa, «ya que había un terreno baldío y no había trabajadores». En total, la Dirección de Protección Laboral efectuó cinco verificaciones.

En otra conferencia de prensa, los legisladores de GEN, Proyecto Sur y la Coalición Cívica también reclamaron la reglamentación de la ley 3562 y escucharon a Mariano Madueña, el hijo del hombre posiblemente atrapado entre los escombros del edificio desplomado (ver aparte).

Desde GEN, Martín Hourest presentó un proyecto de ley para que el Banco Ciudad otorgue créditos hipotecarios a tasa cero por el 100% del valor del inmueble a los damnificados por el derrumbe. En tanto, la diputada peronista Silvina Pedreira propuso que se otorgue un subsidio de $ 50.000 pesos a «propietarios o tenedores que habitaran el inmueble»..

Fuente: La Nacion
Link: Ver Nota