«Tenía una vida armada y funcionando, tenía un laburo que me permitía vivir y era mi vocación, y no lo tuve más. Hoy estoy sobreviviendo. Estuve mucho tiempo para recuperarme, salí con una costilla fracturada y un pulmón perforado. Pero tal vez lo que más me cuesta es la cuestión psicológica», cuenta Pablo Galli, el dueño del gimnasio en Villa Urquiza que se derrumbó cuando se trabajaba en una obra lindera y que dejó tres muertos.
A diferencia de lo ocurrido con los vecinos de otro predio derrumbado, el de Bartolomé Mitre 1232, en el caso de los damnificados de Villa Urquiza no hubo subsidios ni refugios, ni siquiera llamadas desde el gobierno porteño para ver cómo se encontraban.
«El día del derrumbe, después de que me encuentran bajo los escombros, me llevan al Hospital Fernández y después me derivan al Hospital Italiano. Nunca más recibí ninguna comunicación del gobierno de la ciudad ni de nadie. No me llamaron ni para saber cómo estaba», le dijo Galli a LA NACION.
Galli es profesor de gimnasia y, de a poco, volvió a trabajar como personal trainer. A causa del derrumbe, perdió a tres de sus amigos: Maximiliano Salgado, Guillermo Fede y Luis Lu.
Wang Lu, madre de Luis, está muy angustiada: «El gobierno no da la cara ni se ha acercado ni ha hablado por teléfono. Cuando vi el derrumbe de Bartolomé Mitre, me pareció que revivía lo que nos pasó. Sin control, sin respuesta, sin nada. No sé cómo va a seguir nuestra vida, estamos sufriendo muchísimo».
«Lo peor es que se trata de otro hecho totalmente evitable. Pasaron 16 meses. Tienen que controlar, hacer estudios más profundos, parece que la vida de la gente del pueblo no vale nada. Mi hijo era un estudiante brillante, trabajador, muy bueno para el futuro del país. Así, diariamente nos siguen matando», agregó.
En la causa penal por el derrumbe, la juez Fontobona de Pompo (Instrucción N° 45), en febrero de este año, procesó al ingeniero Heyaca Varela, al titular de la empresa constructora Daniel Menta y al titular de la firma dueña de la máquina retroexcavadora José Pataro. Al mismo tiempo, dictó falta de mérito para César Armando Colovini y Juan Domingo Aslla, los dos operarios que manejaban la retroexcavadora al momento del desastre.
Sin embargo, en marzo pasado, la Cámara revocó los procesamientos y pidió un peritaje, en curso desde entonces.
«Lo peor es que no sabemos, ni siquiera aproximadamente, cuándo vamos a cobrar. Nos hablan del subsidio de 70.000 pesos, pero eso es para comprar lo que tendrá el nuevo departamento. Dónde voy a poner lo que compre si no tenemos dónde vivir», se pregunta Mónica Nizzardo, que había firmado la escritura de su departamento una semana antes del derrumbe.
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