Reclaman aplicación de protocolo contra ruidos molestos

En la Defensoría del Pueblo vecinos y representantes del organismo analizarán la aplicación del protocolo contra ruidos molestos suscrito entre el gobierno, la Comuna y la justicia. En cinco meses se han recepcionado 1138 denuncias por agresiones acústicas

La Defensoría recibirá reclamos de vecinos afectados por ruidos molestos y especialmente con aquellos que padecen el flagelo de la música a alto volumen.

El encuentro mañana miércoles a las 11 tiene como objetivo analizar el cumplimiento del protocolo de actuación que fue consensuado con representantes del Gobierno Provincial, Municipio y Poder Judicial, el último 27 de junio.

De acuerdo a lo manifestado por representantes de Unidos por el Silencio desde esa fecha la comuna ha recepcionado 1138 denuncias por agresiones acústicas.

Sin embargo la asociación señala que los inspectores de Saneamiento Ambiental no han realizado las correspondientes denuncias penales»

Ello debió haberse realizado de acuerdo con el protocolo que fue suscripto por el secretario de Salud y Medio Ambiente de la Municipalidad Roberto Jabornisky.

«El funcionario se había comprometido a implementar su ejecución» señalan.

El mencionado protocolo establece un procedimiento conjunto entre Municipio, Policía y Poder Judicial que permite secuestrar equipos de sonido en domicilios particulares cuando los infractores violen las ordenanzas vigentes.

Pero además el protocolo aún no ha sido suscrito por la parte policial pese a que «el jefe de Policía Juan Ojeda, envió en su representación al director de Asesoría legal Javier Piñeyro y al asesor legal de la Dirección de Seguridad y Prevención del delito Jorge López para participar de la redacción y aprobar el texto final del protocolo»

“Hablamos con Weyler el 14 de septiembre y prometió encargarse personalmente de hacérselo firmar al jefe de Policía y luego también lo iba a firmar él pero pasaron tres meses y todavía no vimos la firma de ninguno de los dos”, explicó Jorge Echeverz, coordinador general de Unidos por el Silencio.

La Asociación hace responsable «a los funcionarios municipales (Roberto Jabornisky, Diego Soto, Raúl Morando y Herminio Valdéz) y provinciales (Guillermo Weyler, y Juan Ojeda) que participaron y aprobaron el acuerdo, por el incumplimiento del mismo y las consecuencias que esta negligencia pueda acarrear a la salud y la vida de las personas».

Fuente: Momarandu
Link: Ver Nota