Después del derrumbe en Villa Urquiza…. (demoliciones ilegales, falencias en los mecanismos de control y sanción)

La muerte de tres personas por el derrumbe en el barrio de Villa Urquiza, causado por las tareas de excavación en el terreno lindero, trajo a la agenda pública una problemática que afecta al desarrollo urbano de toda la Ciudad de Buenos Aires. En realidad, el tema volvió a la agenda, después de haber sido olvidado el reclamo de los vecinos contra las grandes torres, como en el caso de las  hace más de tres años.

Agrupaciones vecinales se reunieron con legisladores porteños para denunciar desde demoliciones ilegales hasta incongruencias en la zonificación de los barrios y falencias en los mecanismos de control y sanción. Ahora juntan firmas para elevar un petitorio que detenga todas las obras que están en marcha en la Capital y se modifique el Código de Planeamiento Urbano para evitar que la tragedia se repita.

Desde la avenida Triunvirato una valla anuncia el dolor inexplicable. Transeuntes ocasionales se detienen frente al terreno arrasado donde estuvo el gimnasio que se derrumbó y ven el pozo que quedó a su izquierda. Como si fuese un velorio, bajan la voz y simplemente observan. «Justo al lado de mi edificio van a poner una torre de diez pisos. Me quiero morir», le contaba una señora mayor a otra.

En ese pozo se puede ver la submuración que debió haberse hecho hacia ambas medianeras y no se hizo. El gobierno de Macri acusó de estrago al ingeniero a cargo, Guillermo Heyaca Varela, dado que encontró «graves fallas» «que pusieron en peligro a la comunidad». Su pena podría alcanzar los 20 años de prisión. Mientras tanto, ya quedó inhabilitado por 15 años en la Ciudad y otras de sus obras fueron suspendidas.

«¿Pero es suficiente con esto?» preguntó en voz alta Gustavo Desplats, líder de Protocomuna Caballito, en una de las concentraciones vecinales. En primer lugar, la inhabilitación «no impide que el sancionado siga trabajando por ejemplo en Vicente López, Ramos Mejía o Quilmes», explicó.

En segundo lugar, arremetió con que no se trata de un caso de «mala praxis», aislado, sino que «según difundió la UOCRA (Unión Obrera de la Construccion de la República Argentina), el 80% de las demoliciones son ilegales» y esto «sería imposible sin la complicidad de los organismos de control de la Ciudad».

En busca de soluciones. El Director de Desarrollo Urbano del gobierno de Macri, Daniel Chaín, anunció en conferencia de prensa que para trabajar en el tema de derrumbes convocó a las facultades de Ingeniería y Arquitectura de universidades privadas, de la UBA y la UTN, consejos profesionales, la UOCRA y la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, un grupo de vecinos apuntó más allá de los aspectos técnicos y presentó su propuesta en una reunión con periodistas a la que acudieron 18 diputados de la oposición y ninguno del PRO. El reclamo consiste en:

1) Modificación del Código de Edificación incluyendo una nueva inspección en el momento del pozo.
2) Creación de un registro de reincidencias y aplicación de sanciones.
3) Instrumentación de un expediente único que englobe todas las instancias de la obra, sus incidencias y denuncias. Y la publicación de toda esa información en la página de la Ciudad.
4) Inmediata modificación del Código de Planeamiento Urbano que limite a un máximo de 6 metros la altura construible en pasajes, a 12 metros en calles y a 24 metros en las avenidas en las zonificaciones R2a1, R2a2 y C3, que hoy no tengan alturas menores. En ese caso serán respetadas las actuales. Después de 2 años de sancionado el Plan Urbano Ambiental (Ley 2930) el Ejecutivo no envió el proyecto del nuevo Código morfológico. Exigimos su envío a la Legislatura.
5) Disolución de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) y su reemplazo por un nuevo organismo con personal llamado por concurso y descentralizado. La reglamentación del accionar de los Peritos Verificadores y la redefinición de su rol.
6) Suspensión de todas las obras comenzadas en los últimos 6 meses. Y su posterior re-inspección.
7) Correcta implementación del registro de empresas demoledoras.
8 ) Incremento de los montos de las multas monetarias y de las sanciones sobre las matriculas.
9) Presentación del régimen de sanciones de la Ley 1227 que protege las construcciones consideradas patrimonio cultural.
10) Nacionalización de las sanciones por parte de los Consejos Profesionales.

Los líderes vecinales rescataron que hay proyectos que calificaron de «interesantes», tales como el del diputado Abrevaya (Coalición Cívica) o el de Epztein (Diálogo por Buenos Aires), entre otros. No obstante, insisten en que se declare la situación de emergencia para detener en breve las obras que están en marcha, hasta tanto no se regularicen los controles.

Por ese cometido, ya recogieron más de 2.500 firmas y una seguidilla de denuncias para exponerlas en las próximas reuniones de la comisión de Planeamiento Urbano del parlamento porteño.