Clausuran 29 obras tras el derrumbe en Villa Urquiza

Mañana se cumple un mes del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, donde murieron tres personas. La tragedia disparó una causa judicial y polémicas. Y como suele pasar, el Estado busca mostrarse activo para modificar los errores que no corrigieron a tiempo. Por eso el Gobierno porteño lanzó una ofensiva de control de obras en construcción en toda la Ciudad, e impulsa que la Legislatura cambie la normativa para endurecer los requisitos.

El derrumbe fue el 9 de agosto en el edificio de dos plantas de Mendoza 5030, casi esquina Triunvirato, y se produjo porque en el lote de al lado se estaba haciendo la excavación de un edificio. Según denunció el propio Gobierno porteño –que quedó inhibido el lunes para actuar como querellante por un fallo judicial–, esa obra se estaba haciendo sin apuntalar las medianeras del gimnasio .

Ante las críticas de vecinos y la oposición porque las inspecciones oficiales no habían detectado fallas, pese a que esa construcción había sido denunciada por la UOCRA, el Gobierno relanzó los controles. Javier Ibáñez, el nuevo director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), confirmó a Clarín : “Ya relevamos el total de obras de Villa Urquiza, y ahora estamos en Palermo. En dos meses y medio queremos tener barrida toda la Ciudad”. El organismo tiene 200 inspectores.

Las denuncias contra las obras crecieron en varios barrios desde que se reactivó la construcción. Y Urquiza es un caso: el año pasado la Ciudad autorizó construir allí 139.903 m2, un 10% más que en 2008. Fue el segundo barrio con más obras, después de Palermo.

¿Qué encontró la AGC? Controlaron 615 obras , de las cuales 195 ya estaban terminadas, 195 tenían todo en regla, y en 119 había problemas menores. Pero las otras 29 tuvieron que clausurarlas , es decir que cerraron en promedio casi una obra por día.

Pero en la AGC le bajaron el tono a las sanciones. “Sólo una de las clausuras se produjo porque habían dejado expuestos los muros medianeros al terminar la demolición, y en dos no tenían planos aprobados. El resto fue por incumplimientos de intimaciones o falta de documentación, nada grave”, explicó Ibáñez.

Otro de los puntos muy criticados tras el derrumbe fue que las inspecciones de la Ciudad no estaban coordinadas . Concretamente, tras la denuncia de la UOCRA por irregularidades en la demolición en el lote lindero al gimnasio, la Dirección de Protección del Trabajo realizó dos inspecciones, a las 24 horas y al mes. Pero en ninguna de las dos le informaron a la AGC, que jamás se enteró. “Estamos terminando un protocolo de trabajo, para que apenas se detecte alguna falla en seguridad laboral, nos avisen”, aseguró Ibáñez.

La tragedia motivó también que el Ejecutivo llamara a todos los actores de la industria de la construcción para analizar cambios legales. Una semana después del derrumbe hubo una reunión. El ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, contó: “Queremos analizar qué cambios se deben hacer, para que se debatan en la Legislatura”.

“Se habló de temas generales, pero no hubo más charlas ni cambió nada”, afirmaron en la UOCRA. Aún más duros fueron en la Cámara de Demoledores y Excavadores: “Les solicitamos entrevistas al ministro Chaín y a Héctor Lostri (subsecretario de Planeamiento Urbano). Nos derivaron con el director de Obras y Catastro, Guillermo García Falher, quien nos citó pero después no fue a la audiencia. El desinterés y negligencia del Gobierno porteño y sus funcionarios es absoluta”, dijo Eduardo Cúneo, representante legal de la Cámara.

Pero la Legislatura ya venía trabajando en algunos proyectos . Silvina Pedreira, del bloque Peronista y presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, explicó: “Hay un proyecto consensuado para que haya inspecciones obligatorias en las etapas de demolición y excavación. También para el Registro Unico por Inmueble, es decir que todos los trámites de obra estén en el mismo expediente. Hace falta también que el Gobierno concentre todas las denuncias, porque hoy los vecinos reclaman en los CGPC pero esa queja nunca llega a los organismos de control”.

En tanto, el diputado de PRO Alvaro González, integrante de la Comisión, agregó que “en el corto plazo hay que trabajar con el sector para que elaboren un protocolo de cómo actuar e informar al Gobierno ante una demolición. Luego, hay un proyecto del legislador Avelino Tamargo para modificar el Registro de Demoledores y que figuren realmente las empresas capacitadas en la tarea y no albañiles individuales. Y para el largo plazo hay que analizar con todos qué cambios hacen falta en los Códigos de Planeamiento y de Edificación”.