El derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza dejó tres muertos, 11 heridos y la necesidad de varios replanteos. La construcción en Buenos Aires, boom y motor de la economía porteña desde la reactivación, tiene también su lado negro . Entre profesionales que no respetan la ley y un Estado que falla en los controles, los riesgos aumentan. Y un dato, entre todos, los ejemplifica: la mayoría de las demoliciones que se hacen en la Ciudad son clandestinas.
Así lo asegura, por ejemplo, Ezequiel Cúneo, presidente de la Cámara de Demoledores y Excavadores de la República Argentina: “En las obras grandes trabajan las empresas registradas, pero las pequeñas las hace cualquiera, cuadrillas de albañiles o empresas inexistentes, todo en la más absoluta clandestinidad. El problema es que el Registro Público que tiene la Ciudad sólo pide un CUIT y un seguro, entonces se anotan empresas que no tienen ni la capacidad ni el respaldo económico necesarios”.
Ese registro fue creado en julio de 2007, después de un derrumbe en Caballito, donde un edificio lindero a una obra quedó “cortado por la mitad” porque se cayó la medianera. En los considerando de la resolución que creó el registro ya se decía que habían detectado “gran cantidad de obras en contravención a lo dispuesto por el Código de Edificación, como también obras con trabajos de excavación y demolición sin permiso otorgado, que ponen en riesgo la seguridad de los terrenos linderos a la actividad, y a la población misma”.
Este coincide con lo que denunció Martín Hourest, legislador de Igualdad Social: “El 60% de las demoliciones en la Ciudad son fraudulentas. Hay que modificar con urgencia la ley, hay que frenar la voracidad ante la búsqueda del metro cuadrado en valor y hay que parar con la lógica de los especuladores inmobiliarios porque sino esta Ciudad se tornará menos hospitalaria y más riesgosa”.
Clarín también consultó a ingenieros y arquitectos que ratificaron lo que es un secreto a voces, los peligros de las demoliciones hechas en la ilegalidad.
Tras la demolición, el segundo paso es la excavación . Aquí también hay problemas, cuando los constructores, para bajar costos, apuran los plazos de obra o contratan a personal o empresas que no tienen la idoneidad suficiente. En el caso del gimnasio, la excavación de lote aledaño, donde se querían construir diez pisos y cocheras, se pretendió hacer en un par de días. “La excavación para una obra así demora no menos de un mes”, aseguró Cúneo.
Según pudo averiguar Clarín , en la gran mayoría de los casos se cobra por metro cúbico de tierra retirada ($ 45 a $ 50). Sólo unos pocos alquilan por día, y pagan entre $ 2.000 a $ 2.500.
Sin embargo, otros atribuyen el caso del gimnasio derrumbado no a la búsqueda de un beneficio económico sino directamente a la incapacidad profesional . Un empresario de la construcción, que prefirió no dar su nombre, le aseguró a Clarín que “lo que hizo el ingeniero a cargo de la obra fue una barbaridad. La excavación es el momento de mayor riesgo, incluso hay ingenieros que se especializan en excavaciones. Pero en este caso el responsable no estaba en ese momento, había dejado sólo al operario. Es como si un obstetra se fuera en el momento de un parto y dejara a cargo a un personal de limpieza. Y no se ahorra tanto, porque los costos de la etapa de la excavación pueden ser no más del 15% del total de la obra”.
El ingeniero a cargo de esa construcción, Guillermo Heyaca Varela, terminó con una sanción de 15 años sin poder habilitar obras en la Ciudad (ver “Acusan por …”).
Así, el riesgo es evidente. Atilio Alimena, defensor adjunto del pueblo de la Ciudad contó: “el año pasado detectamos 32 casos de viviendas que habían sufrido daños graves por las construcciones en terrenos linderos, desde rajaduras hasta hundimientos en el piso. En la misma cuadra donde se cayó el gimnasio hubo problemas con otras dos obras, en Mendoza 5056 y 5082”.
Este año, el gremio de la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA) lleva denunciadas 12 obras por problemas graves, desde falta de submuración y apuntalamiento de las medianeras hasta ausencia de pantallas para evitar la caída de objetos a los techos vecinos o las veredas.
Luego vienen los controles, donde también hay fallas . La Ciudad inspeccionó tres veces la obra de Mendoza 5042, una de rutina, otra al día siguiente de la denuncia de la UOCRA por irregularidades encontradas, y una tercera el 13 de julio. Pero ninguna de las tres veces encontraron actividad, y por eso no tomaron decisiones. Podrá ser lo que indican los procedimientos normales, como señalaron en el Gobierno porteño, pero choca con el sentido común : si el gremio de la construcción aseguró que en la etapa de la demolición faltaba “apuntalar los muros medianeros”, ¿no era un alerta los suficientemente fuerte como para tomar alguna medida preventiva? Gerardo Gómez Coronado, otro de los defensores adjuntos del pueblo de la Ciudad, aseguró: “cuando está en peligro la salud y la integridad de los vecinos, la administración pública no se puede amparar en cuestiones operativas.
Desde la Defensoría se va a realizar una recomendación para que se modifiquen los procedimientos establecidos para el control de obras”. En este mismo sentido, la Cámara de Demoledores y Excavadores reclama más controles a las empresas que quieran anotarse en el registro de demoliciones y excavaciones.
Pero aún la Ciudad no informó si piensa modificar sus mecanismos de registro y control.
