Hubo dos lastimados ayer por la caída de mampostería en un edificio de Recoleta. En los últimos dos años la Ciudad recibió más de 1.000 reclamos por frentes con peligro de desprendimiento. Los consorcios retrasan los arreglos porque son caros.
De un lado, la seguridad más básica, la de caminar por la calle sin sufrir un daño evitable. Del otro, la imposibilidad de pagar los arreglos, en un contexto de aumentos permanentes de expensas y bolsillos cada vez más castigados. La caída de mampostería en un edificio de Recoleta, que sucedió ayer y dejó dos heridos, y la tragedia con el balcón de Mar del Plata volvieron a traer el tema de los riesgos de las fachadas y balcones sin el mantenimiento o los cuidados correctos. En la Ciudad reciben en promedio una denuncia diaria de vecinos que advierten riesgo de desprendimientos. Pero los consorcios se demoran en hacer los arreglos por una razón muy concreta: no los pueden pagar.
El incidente de ayer se produjo en un edificio de Guido al 1700, donde se estaban haciendo trabajos en un balcón. Tres personas terminaron con heridas leves.
En la Agencia Gubernamental de Control informaron que el edificio tenía el certificado de fachadas en regla y vigente, pero no había registrado la obra que llevaba adelante.
En tanto, el pasado 29 de diciembre en Mar del Plata, el desmoronamiento de tres balcones causó la muerte de una mujer y su hija de tres años. En agosto de 2012 hubo otro caso fatal, en Tribunales: el de Octavio Pérez Galimberti, un asesor del Ministerio de Justicia que falleció porque se le vino encima una losa que sostenía una marquesina, en Lavalle al 1500.
La preocupación de los vecinos se expresa en las denuncias. Según informaron en la AGC, en los últimos dos años recibieron 1.008 reclamos, lo que da un promedio de 1,4 por día. La Comuna 1 es la que más acumu- ló, con 107, lo que se explica porque incluye al Casco Histórico y la mayor cantidad de edificios más antiguos. Le siguió la Comuna 13, la de Belgrano, Núñez y Colegiales.
La responsabilidad del mantenimiento de fachadas y balcones es de cada edificio, de acuerdo a lo que marca la ley N° 257. En ella se establece que, de acuerdo a la antigüedad de la construcción (ver “Los plazos…”), cada consorcio debe contratar a un ingeniero o un arquitecto que realice una inspección sobre el estado de las barandas y la mampostería, certificado que hay que presentar ante la AGC. Si ese profesional indicara la necesidad de arreglos, cada consorcio deberá realizarlos y dividir el costo en las expensas.
Siguiendo este procedimiento, en la AGC informaron que el año pasado intimaron a 29.916 consorcios, de los cuales 11.064 ya respondieron. Una vez recibida esa notificación de que hace falta presentar el certificado de inspección, los edificios tienen 60 días de plazo para cumplir.
Y en este punto es cuando empiezan los problemas. Es que los bolsillos de quienes viven en edificios no dan más. Entre aumentos de sueldos y cargas sociales de los encargados, los servicios públicos comunes y otros gastos de mantenimiento, en noviembre el promedio de las expensas en los consorcios porteños, de acuerdo a lo medido por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad, ya daba un 36,43% de aumento interanual. Y eso que ese número no contempla diciembre, que entre el aguinaldo y el bono salarial obligatorio de fin de año, suele ser uno de los meses con más aumento.
“El certificado del profesional cuesta $ 5.900 más tasas. Si hay que hacer una obra, los andamios y la media sombra que se ponen para proteger la vereda cuestan $ 8.000 por mes como mínimo para un edificio chico. Si se suman impuestos, otros requisitos más la obra en sí, el gasto es grande. Hace poco, para un edificio de nueve pisos el presupuesto de una reparación fue $ 320.000. Y tampoco hay crédito. Por eso muchos consorcios demoran la decisión, o hacen las obras por partes, lo que termina siendo más caro pero es la única forma de pagarlo”, contó Daniel Tocco, presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal (CAPHyAI).
Los consorcistas saben que se encuentran en una encrucijada. “Los consorcios están totalmente agotados, no hay posibilidades de arreglar nada y la morosidad en el pago de las expensas sigue creciendo. La Ciudad debería hacer inspecciones e intimar a los edificios que realmente son un riesgo para la seguridad”, se quejó Samuel Knopoff, presidente de la Federación Argentina de Consorcios (FEDECO).
Por lo pronto, otro número a tener en cuenta: según la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH), uno de cada cuatro departamentos se atrasa en el pago de las expensas, ante la imposibilidad de cumplir.
Arquitecto Legista Teodoro Ruben Potaz
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