Mayor control para los colectivos

Considerado un invento argentino, el colectivo comenzó a circular en la ciudad de Buenos Aires el 24 de septiembre de 1928. Desde entonces, este emblemático medio de transporte, típicamente porteño, ha sido protagonista de numerosos acontecimientos pintorescos. Otros son lamentables y merecen la rápida atención de las autoridades locales y nacionales. Según registros de la Policía Federal, 34 personas murieron en el acto, este año, en accidentes en los que estuvo involucrado el transporte automotor de pasajeros.

Sólo en 2007 hubo 1827 accidentes de tránsito con este tipo de vehículo, que produjeron 1995 víctimas, entre fallecidos y heridos. Esto significa casi cuatro veces más que en 2006, cuando hubo 540 damnificados, y poco menos que siete veces la cantidad de 2005, que cerró con 250 personas lesionadas en choques ocurridos en la ciudad. La estadística agrega que en dos de cada diez accidentes estuvo involucrado un colectivo, según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Las empresas de colectivos son beneficiadas con subsidios de unos 2000 millones de pesos anuales, supuestamente para mantenerse en forma y cobrar barato el boleto. Casi no pagan las infracciones de tránsito, por actas mal confeccionadas o chapas patente ilegibles, y es normal que los pasajeros viajen tomados de un pasamanos, cuando la ley de tránsito exige que todos los ocupantes de un vehículo particular deben llevar el cinturón de seguridad puesto. En el caso del colectivo, entonces, el riesgo de una lesión es lógicamente mayor frente a un eventual accidente en la vía pública.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sostiene que los colectivos producen un ruido que alcanza hasta un 50 por ciento más de lo permitido por la ley. Esta forma de agresión, «que promueve un ambiente no sano, perjudica la salud humana y vulnera el derecho de las personas a gozar de una mejor calidad de vida», se debe al incumplimiento del Estado de su obligación de «ejercer el poder de policía en inspecciones, vigilancia, control y sanciones».

Según la ley 1540, de Control de la Contaminación Acústica en la ciudad, el nivel de ruido máximo tolerable para los colectivos es de 83 decibeles. Sin embargo, en varias esquinas de cinco barrios porteños la Defensoría midió el ruido de los vehículos en dos momentos: detenidos con el motor en marcha y en el arranque, y comprobó que el límite es excedido por la mayoría, con mediciones que llegaron hasta los 125 decibeles en el momento del arranque. Del lado del gobierno porteño, la titular de la Agencia de Protección Ambiental, Graciela Gerola, aseguró que en estos días se están haciendo operativos de control en las terminales de colectivos, que incluyen el ruido y las emisiones contaminantes de los escapes. A los que superan los valores permitidos no se los deja salir.

Otro de los puntos críticos señalados por la Defensoría del Pueblo es la antigüedad de los colectivos que circulan diariamente por la ciudad. De las 9500 unidades habilitadas, la mitad tiene más de diez años, tope impuesto por la ley nacional de tránsito 24.449. Pero debido a la crisis de 2001, la Secretaría de Transporte autorizó, por medio de una resolución, la circulación de unidades de hasta 13 años de antigüedad. Ultimamente, la excepción se mantuvo vigente, a pesar de que la economía viene creciendo de manera sostenida.

Resulta necesario que las empresas de colectivos pongan mayor interés para cumplir con responsabilidad la necesidad de mantener en condiciones las unidades que se deterioran. También corresponde apelar a las autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación para que vuelva al régimen de antigüedad de las unidades y establezca las condiciones de rentabilidad necesarias para que los empresarios del transporte puedan reemplazar las viejas unidades por otras más modernas.

Al mismo tiempo, las autoridades porteñas deberían realizar controles periódicos más firmes y eficaces, y cuando se verifiquen irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes. De igual manera, cuando las leyes de tránsito sean violadas. Sólo así podrán disminuir los accidentes, mejorar el medio ambiente y favorecer la circulación del tránsito, hoy endemoniado, por las calles y las avenidas porteñas.

Fuente:  La Nacion
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