Hay que preservar los viejos edificios dándoles nuevos usos

María Laura Fernández es arquitecta y está al frente del Programa de Preservación Patrimonial del municipio, área encargada de conservar los edificios de valor histórico, arquitectónico y cultural. Reconoce que con esa función se ganó la enemistad de sus colegas. “Pero no de todos”, aclara y defiende las políticas desarrolladas por el municipio para resguardar el patrimonio local. Sin embargo, aclara, la clave está en un cambio cultural. “Es necesario que la comunidad, los propietarios y los inversores reconozcan la plusvalía que tiene ocupar un inmueble de valor patrimonial”, destaca.

En el área central hay unos 1.700 inmuebles protegidos que no pueden ser demolidos salvo que se los considere en ruinas. Un número varias veces considerado excesivo por inversores y desarrolladores inmobiliarios (“hay más que en Roma”, se los escucha protestar), pero que está íntimamente relacionado con la forma en cómo se fue construyendo la ciudad.

“En muchos lugares del mundo donde existe un casco histórico consolidado no hace falta determinar edificios protegidos, porque directamente las normas urbanas imposibilitan la modificación de los inmuebles. No se puede tocar ninguna construcción en un determinado sector. Pero el tema no pasa por las cantidades, sino por la conformación histórica de la ciudad. Rosario es una ciudad aluvional, que se fue haciendo a partir de una sumatoria de inmuebles y donde, además, durante años el código urbano hizo de la sustitución indiscriminada un concepto general para la ciudad”, explica Fernández.

—¿Y ahora cuesta cambiar esa idea?

—Se va logrando. Desde 2008 tenemos 136 pedidos de rehabilitación de inmuebles catalogados de valor patrimonial, con reformas o ampliaciones respetuosas de las condiciones de protección de esos edificios. Esto es alentador, porque se busca rehabilitar inmuebles dándoles otro ciclo de vida o cambio de uso. Quiere decir que los propietarios y profesionales están encontrando plusvalor de trabajar sobre el patrimonio de manera respetuosa. Un bueno ejemplo es el edificio de Jujuy y Oroño, donde sobre una casona se generaron varias unidades de vivienda.

—Además de las normas que prohíben determinadas intervenciones, ¿qué incentivos ofrece el municipio para que se conserven inmuebles patrimoniales?

—Acá hay un problema. La experiencia internacional indica que la reducción de gravámenes impositivos es indispensable para conservar edificios de valor arquitectónico o cultural, pero como Rosario no es una ciudad autónoma sus ingresos dependen de la tasa general de inmuebles (TGI), que no es un impuesto sino el cobro de servicios. Además, eximir de la TGI no hace a la diferencia para que un inmueble pueda mantenerse. Distinto es el impuesto inmobiliario, pero el municipio no puede determinar sobre esto. Lo que tenemos es un presupuesto para la preservación, con la posibilidad de subsidiar la rehabilitación de inmuebles.

—Para lo cual debe haber interés del sector privado en rehabilitarlos…

—Es que no apostamos a preservar edificios como si fueran un museo, porque esto no le sirve a nadie. Consideramos, más bien, que es indispensable que el patrimonio tenga sustentabilidad económica, que esos edificios tengan nuevos usos, adecuarlos a situaciones urbanas y que sea un negocio, sino realmente se nos va a transformar todo en una ruina.

Cómo se armó el catálogo

Con la aprobación del Código Urbano, también la Municipalidad elaboró en 2007 un nuevo catálogo de los edificios de valor arquitectónico y patrimonial. “Fue un cambio de criterio donde se sumaron sectores y se quitaron otros”, indicó la concejala socialista y vicepresidenta de la comisión de Planeamiento de Concejo, Viviana Foresi. Es que, de hecho, la primera versión del catálogo realizada en 2001 incluía a 2.402 inmuebles, mientras que el aprobado en 2008 descatalogó 687 edificios quedando preservados 1.715.

“El objetivo era tener un inventario más real”, indicó Foresi. Y puntualizó que esa fue la razón por la que muchos inmuebles dejaron de estar incluidos y se sumaron otras zonas, también por fuera del área central, que pasaron a estar consideradas como Areas de Protección Histórica, entre las que están barrio Parque, Pichincha y el parque Independencia.

A esas modificaciones se sumó un nuevo concepto que, según detalló Foresi, “es el de preservar tramos y no sólo inmuebles puntuales”. En ese sentido, explicó que “si hay una cuadra que tiene todos edificios antiguos bajos, se cataloga el tramo completo, porque si bien no son propiedades valiosas individualmente, sí lo son en su conjunto; y de esa manera también se puede mantener la homogeneidad”.

De hecho, hoy a los más de 1.700 inmuebles preservados se suman otros 830 inmuebles que cuentan con lo que se denomina “preservación indirecta” por estar linderos a un edificio de valor patrimonial.

El catálogo trabaja con diferentes niveles de preservación. El más estricto no permite la intervención ni en la fachada ni en el interior del edificio; en tanto, los más flexibles preservan la fachada permitiendo modificaciones e incluso la ampliación hasta de un 30 por ciento del inmueble.

Fuente: www.lacapital.com.ar
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