Capital: polémica por la decisión de reemplazar a todos los inspectores de obras

Controles. La Ciudad anunció que creará por decreto un cuerpo propio. Rechazo de los actuales verificadores.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) anunció que creará por decreto un cuerpo propio de 20 inspectores para reemplazar a los verificadores independientes para controlar las obras en construcción y ya hay polémica. El legislador Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) afirmó que este cambio no se puede establecer por decreto, sino que debe ser debatido en la Legislatura porteña. Y desde la Asociación de Profesionales Perito Verificadores advirtieron que se debilitará el control de las obras.

«Es un decretazo ilegal, que perjudica los controles y habilita la corrupción -sostuvo Bodart-. Es ilegal porque a los verificadores de obras los incluye la Ley 4.268 y eso sólo podría cambiarse por ley y no por decreto. Disolver esta tarea, que se creó en el 2000 precisamente para combatir la corrupción, es dar luz verde a las irregularidades en las áreas de registro y control, lo que además de coimas implica riesgos.»

La ley 4.268, aprobada hace dos años, incorpora en el Código de Edificación una serie de inspecciones obligatorias según las distintas etapas de obra, y ordena que éstas sean realizadas por los Peritos Verificadores de Obras que ahora el Ejecutivo pretende dejar de contratar.

«La actuación de estos profesionales externos es verificar, pero el poder de policía lo tiene el Poder Ejecutivo. Por eso la responsabilidad por las irregularidades en las obras es del gobierno macrista», dijo Bodart.

Mientras, ayer la Asociación de Profesionales Perito Verificadores (APPV) dio una conferencia de prensa en la Legislatura para rechazar la disolución de su registro anunciada por Juan José Gómez Centurión, titular de la (AGC). La arquitecta Lilian Rodríguez, presidenta de la APPV, señaló: «No me sorprende, porque hace rato nos vienen fustigando. Los verificadores de obra damos mayor transparencia a los controles, ya que somos profesionales idóneos e independientes asignados por sorteo. Nuestro registro nació en el 2000 ante la corrupción en las inspecciones y abarca a unos mil arquitectos e ingenieros. Eliminar la figura del verificador es debilitar todos los controles de obra necesarios para la prevención y la seguridad de las personas«.

La ingeniera María Cristina Siga, verificadora y miembro de la APPV, agregó: «Nuestra tarea es verificar que lo hecho en obra coincida con el plano registrado. Si hay divergencias lo informamos y luego quien decide qué hacer es el gobierno porteño, que tiene el poder de policía a través de sus inspectores«.

Fuente: www.clarin.com
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