La Asociación Unidos por el Silencio reúne firmas para urgir al intendente a que ponga en funcionamiento la Oficina de Control de Ruidos y Vibraciones, que fue sancionada a través de la ordenanza 5104 por el Concejo Deliberante en octubre de 2009.
Esta estructura es la única que obliga al municipio a trabajar en conjunto con los damnificados para resolver el problema de los ruidos molestos.
Asimismo, ordena al director que designe el ejecutivo a crear una comisión integrada por organizaciones ambientalistas y profesionales de la salud para asesorar a los funcionarios sobre cuestiones técnicas, educativas y normativas.
En cuanto al financiamiento, establece un fondo compuesto por las multas que cobre el municipio por infracciones a este concepto, donaciones de terceros y remanentes no utilizados de ejercicios vencidos.
Es interesante que establece un porcentaje no menor al 50 por ciento de dicho fondo para solventar acciones preventivas tendientes a evitar la contaminación acústica, previendo el desarrollo de programas de investigación sobre ruido y vibraciones en la comunidad y el monitoreo conjunto con otras instituciones dedicadas a esta problemática.
La autoría del proyecto de creación de la Oficina de Control de Ruidos y Vibraciones pertenece a los actuales concejales Claudio Polich y Gisela Gasparini y a los ex Juan José López Desimoni y Alfredo Vallejos, quienes tomaron como ejemplo el modelo propuesto por la Universidad Nacional de Rosario (única en el país que posee un Laboratorio de Acústica y Electroacústica), para lograr una gestión efectiva que permita controlar este flagelo que año a año ocupa el primer lugar de las denuncias de los vecinos que viven en esta ciudad.
Fuente: www.momarandu.com
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