Polémica por el mantenimiento de frentes y balcones de edificios.

Hace un año y tres meses venció el plazo previsto por la Ley 257 para que los propietarios de inmuebles de más de una década de antigüedad presenten un certificado ante el Gobierno porteño acreditando el buen estado de sus frentes y balcones. Sólo 18.677 cumplieron, cuando desde el Ministerio de Gobierno calculan que en la Ciudad hay entre 280.000 y 300.000 parcelas edificadas.

La ley 257, que entró en vigencia en 2000, estableció una serie de plazos para que los propietarios de edificios de más de diez años presenten un informe técnico sobre sus fachadas, terrazas y balcones. Este informe debe estar firmado por un arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obras, que también debe detallar si hay que hacer alguna intervención y en qué debiera consistir. Una vez concretados los arreglos, el profesional debe extender un certificado acreditando el buen estado de la construcción. El informe se debe repetir periódicamente.El cumplimiento de la ley es vital para evitar eventuales caídas de mampostería o derrumbe de balcones. El problema es que hay vecinos que no pueden afrontar el pago del profesional que otorga la certificación, que oscila entre $ 500 y $ 600. Y, mucho menos, el costo de los arreglos si es que hacen falta. Los más perjudicados son los propietarios de viviendas familiares o de inmuebles subdivididos en propiedad horizontal de pocas unidades.En lo que va del año, el Gobierno porteño envió 61.543 intimaciones para que los propietarios y consorcios cumplan con la Ley en un plazo de 90 días. Y por estos días, se está intimando a 5.000 vecinos por semana.

«La cantidad de intimaciones aumentó porque verificamos un alto nivel de incumplimiento —explica el subsecretario de Control Comunal, Federico Peña—. Quienes no hagan la presentación del certificado serán multados. Si el estado de sus fachadas o balcones ofrece peligro para los transeúntes, intervendrá la Ciudad a costo del propietario. En los casos puntuales de los que no pueden afrontar los gastos, también deben presentarse para explicar su situación».

Ante el aluvión de intimaciones, muchos vecinos se quejaron en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. «El problema es que los profesionales les cobran unos $ 500 para expedir la certificación —afirma la defensora, Alicia Pierini—. Y muchas veces no se las dan porque los frentes requieren arreglos que son carísimos. La gente viene preocupada, porque no puede pagar».

Ese es el caso de Margarita Díaz, una desocupada que es dueña de un inmueble en Villa Soldati. «La casa tiene 70 años, la medianera está rajada y se puede derrumbar —cuenta—. El Gobierno porteño me intimó varias veces. Pero vivo con mi mamá de 90 años y nuestro único ingreso es la pensión de ella, que es bastante baja. Pedí ayuda y todo lo que conseguí es que Acción Social me diera los materiales para el arreglo. Pero los voy devolver: ¿de qué me sirven si no tengo plata para pagarle a un arquitecto o a un maestro mayor de obras?».
«La ley es correcta pero su implementación no, porque no hay facilidades —insiste Pierini—. Sólo los consorcios pueden acceder a un crédito del Banco Ciudad, pero no los frentistas individuales. El Gobierno de la Ciudad debiera tener un equipo de arquitectos y maestros mayores de obra para asistir a los vecinos que lo requieran. Y también hacen falta subsidios».

Los créditos para consorcios del Ciudad ofrecen hasta $ 100.000 para la refacción de frentes, espacios comunes y ascensores, con un interés del 15% anual y un plazo de hasta 60 meses.
«El arreglo de la fachada de un edificio de 10 pisos puede rondar los $ 50.000 —revela Marcos Bergenfeld, presidente de la Federación Argentina de Consorcios—. En esta Ciudad hay subsidios para todo, pero nadie ayuda a los consorcios. Y eso que el 80% de los habitantes de la Capital viven en edificios de propiedad horizontal».

Gastos que repercuten en las expensas
Las organizaciones de consorcistas coinciden: el mantenimiento de frentes y balcones es clave para la seguridad pública, pero el cumplimiento de la Ley 257 es costoso. Tanto que obliga a aumentar las expensas o cobrar cuotas extraordinarias.

«Al margen de la loable intención de la ley, el trámite es oneroso, sobre todo para el bolsillo del propietario medio —sostiene Osvaldo Loisi, de la Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal—. No pueden establecerse costos generales, porque depende del estado del edificio, pero sí se puede calcular que los gastos y honorarios de la tramitación oscilan entre $ 450 y $ 650″.

Desde la Federación Argentina de Consorcios, Marcos Bergenfeld señala: «El Gobierno porteño ha ido renunciando a sus obligaciones y cargándoselas a los consorcistas. Tenemos que pagar hasta el arreglo de nuestras veredas, si las rompe alguna empresa de servicios».

«El estado edilicio de la Ciudad deja mucho que desear —dice Loisi—. Los consorcios se resisten a cumplir con la normativa, en parte por falta de información sobre los riesgos de accidentes fatales que pueden causar elementos con peligro de desprendimiento. Y también incide decididamente el necesario incremento en el monto de las expensas comunes que esos gastos ocasionan».