Derrumbe en Caballito: 10 años de suspensión para el arquitecto. Perito Arquitecto

Estaba a cargo de la obra vecina a la casa de Pedro Goyena al 1600. Le habían advertido por fallas en la excavación. Y no acató la intimación. También estudian sanciones para la empresa constructora.

El arquitecto responsable de la obra que hace una semana provocó el derrumbe de una casa de Caballito, fue sancionado ayer con la suspensión en el uso de la firma en la Ciudad de Buenos Aires por el término de diez años. Esto significa que durante ese lapso no podrá firmar otros proyectos, así como tampoco dirigir o ejecutar obras en Capital. La medida fue tomada por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC) porteña, que también dispuso suspender provisoriamente el registro de la obra, a cargo de Credil S.R.L.

El profesional sancionado es Roberto Oscar Alegre, con matrícula del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) Nº 12.108. El es el director de la obra que, el 27 de marzo provocó el derrumbe de la medianera de una casa lindera,en Pedro Goyena 1654 (ver Mucha lluvia…). Su suspensión tiene validez sólo en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que Alegre podrá seguir firmando o dirigiendo proyectos en otros lugares del país.

«Se consideró que transgredió el Código de Edificación, que establece que la mala ejecución que ponga en riesgo la obra puede ser sancionada con la suspensión de la firma del arquitecto responsable por entre 8 y 15 años —dijo el subsecretario de Control Comunal, Federico Peña—. Alegre tendrá suspendida la firma para todo trámite ante el Gobierno porteño durante diez años. No podrá presentar nuevos proyectos ni dirigir o ejecutar obras. Además, deberá desligarse de las obras que esté dirigiendo«.

En los últimos tres meses, la DGFOC les suspendió la firma a cinco arquitectos y cuatro ingenieros civiles, por plazos que oscilaron entre 6 meses y 2 años.

El CPAU, que es la institución que les otorga a los arquitectos la matrícula habilitante para ejercer su profesión, ayer convocó a Alegre para que expusiera «su situación frente al siniestro». Al término de la reunión, su titular, Carlos Berdichesky explicó que «el CPAU está considerando iniciar de oficio una causa de ética al profesional. Esta causa no implica a priori ninguna sanción, sino que constituye el medio idóneo para analizar la conducta ética del profesional. Para ello se analizarán, entre otros aspectos del caso, los relativos a las cuestiones técnicas que podrían haber influido en el derrumbe».

La DGFOC también le suspendió el registro de la obra a la constructora Credil, hasta que la Procuración General de la Ciudad resuelva si la sanción al arquitecto responsable de la obra debe hacerse extensiva también a la empresa.

Peña ayer estuvo en la Legislatura junto al director general de Fiscalización de Obras y Catastro, Santiago Salvá, para explicar las razones del derrumbe frente a la Comisión de Planeamiento Urbano. Entre otras cosas, dijeron que un día antes del desmoronamiento, la obra recibió una inspección de la DGFOC en la que se detectaron irregularidades en el proceso de excavación. A raíz de esto, se intimó al arquitecto Alegre a restablecer las condiciones de seguridad. Pero según afirmó Peña éste «incumplió con la intimación pese a que se había notificado».

«Se trató de un caso de evidente mala praxis profesional, por el cual se suspendió por 10 años al arquitecto en cuestión», insistió el funcionario. Por su parte, el presidente de la Comisión de Planeamiento, el macrista Alvaro González, criticó al Ejecutivo porteño por la «falta de planificación» en lo que respecta a las construcciones.

La audiencia fue seguida de cerca por un grupo de vecinos de Caballito, que se presentaron con velas para «iluminar a los funcionarios». Se oponen a la construcción indiscriminada de torres y ayer pidieron el cierre de la DGFOC, dirección a la que acusan de dar permisos de obra sin ejercer los controles necesarios. Además, reclaman que el 24 de junio se realice «una consulta a la población acerca del modelo constructivo para la Ciudad».

Mientras tanto, ayer la legisladora del ARI Liliana Parada propuso la creación de un Registro Unico de Empresas Demoledoras y Excavadoras.

Por Nora Sánchez – Nota Clarin
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