La primera cuadra de Lavalle es el reciente escenario para una historia tan repetida como peligrosa. ¿Para cuándo la reglamentación de la ordenanza…?
Hace casi una década, en 2001, la delegación local del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires elevó al Municipio un escrito planteando la «urgente necesidad» de reglamentar el control de la conservación de las fachadas de los edificios, poniendo especial atención en aquellos elementos adosados a la misma (balcones, molduras, cartelería, barandas) que «puedan producir un riesgo inminente para la seguridad pública».
Desde entonces, las caídas y desprendimientos de mampostería, revoques, molduras y otros elementos continúan siendo tan frecuentes como riesgosos.
Aquella inquietud de los ingenieros se plasmó en una ordenanza del Concejo Deliberante, la 12.626, promulgada el 29 de abril de 2004. La misma le pidió al departamento Ejecutivo que la reglamentara «en el término de 180 días».
Seis años después, todo sigue peligrosamente igual.
La semana pasada, en la primera cuadra de Lavalle, se desprendió parte del revoque y de la mampostería de un balcón. Con poca gente transitando por el lugar, el destino quiso que nadie saliera lastimado.
El hecho desnuda dos cuestiones. Por un lado, la falta de mantenimiento de la casona de al menos 90 años –hoy en venta–, que tiene a favor la excelencia de la mano de obra de la empresa que la construyó, la de los hermanos Nicolás y Gerardo Pagano (NyG Pagano).
No muchos meses atrás se verificó una caída similar en el histórico edificio de Alsina y San Martín, levantado en 1913 por la compañía de seguros La Previsora y rediseñado en 1940 por la aseguradora La Acción.
El riesgo derivó en el armado de una precaria «recova» de andamios y madera, a modo de toldo protector mientras los propietarios comenzaron su reparación.
Casos como éste se repiten en varias propiedades del microcentro, donde puede advertirse, sin demasiado esfuerzo, el riesgo que significa caminar por demasiadas veredas. Un ejemplo es la casona de dos plantas ubicada en la primera cuadra de calle Chiclana. Allí se advierte, en su balcón de la planta alta, el crecimiento de plantas que florecen y se robustecen, poniendo en riesgo la estabilidad de cada elemento estructural.
«No tengo precisiones sobre cómo está ese tema. Voy a indagar», fue la respuesta del ingeniero Rubén Valerio, secretario de Obras y Servicios de la comuna, al ser consultado sobre algún avance en la reglamentación de la ordenanza. Indicó que tenía «una idea» de que la misma estaba a consideración del Colegio de Arquitectos, aunque desconocía el estado.
Lo cierto es que la normativa, que declara el «carácter obligatorio» de la conservación de las fachadas para los edificios con más de 10 años de antigüedad, tanto públicos como privados, sigue en espera.
El artículo 5º establece que el Municipio debe disponer las medidas preventivas para que un propietario repare cualquier deficiencia que signifique «un riesgo inminente», sugiriendo incluso multas de hasta cien sueldos básicos de un empleado municipal, en caso de no cumplir con el pedido.
Resulta incomprensible que la Comuna dilate la reglamentación de esta ordenanza o que, en el peor de los casos, necesite un hecho fatal para decidirse a ponerla en marcha.
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