Una ley para controlar las construcciones y evitar derrumbes

La Ciudad de Buenos Aires ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento de la construcción, siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía porteña.

El crecimiento de la actividad es un síntoma saludable de nuestra economía, pero el rol del Estado no es sólo administrarla a través de una planificación urbana responsable, sino también garantizar la seguridad de los ciudadanos mediante una eficiente labor de control y fiscalización de las obras en curso.

La mayoría de los derrumbes acaecidos en la Ciudad de Buenos Aires recientemente, se produjeron, tanto en las mismas obras como en los predios lindantes, durante las etapas de excavación y submuración, tal fue el caso, por ejemplo, del gimnasio ubicado en el barrio de Villa Devoto y del edificio de viviendas ubicado en Bartolomé Mitre al 1200.

Las técnicas de excavación y submuración reguladas por el Código de Edificación han caído en desuso. Las nuevas técnicas, mundialmente utilizadas y recomendadas por los expertos, no se encontraban incorporadas a la regulación vigente en nuestra Ciudad y, por lo tanto, no podían ser utilizadas o lo eran en forma clandestina, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos y de los mismos trabajadores involucrados en las obras.

A raíz de esta situación, presenté un proyecto de ley que incorpora estas técnicas a la normativa vigente, permitiendo así su utilización legal y entregando herramientas al Gobierno de la Ciudad para que este cumpla con su rol de controlar exhaustivamente uno de los momentos más críticos de la obra, que es la excavación y submuración.

Este proyecto, que fue convertido en la ley 4580 el jueves 13 de junio, autoriza la utilización de anclajes de tracción para soporte transitorio de muros de subsuelos, garantizando así la seguridad de vecinos y trabajadores. Al mismo tiempo, regula la documentación que es necesaria presentar para poder utilizar esta técnica y establece las penalidades para los profesionales o empresas que falseen la información.

Por último, obliga a la contratación de un seguro por daños eventuales a terceros.

Esta nueva ley, que recibió aportes de asociaciones profesionales, entidades académicas y vecinos de la Ciudad, brinda al Poder Ejecutivo instrumentos efectivos para controlar aquello que el mercado de la construcción no controla, ya que es responsabilidad de un Estado activo cuidar la seguridad pública.

Por Juan Cabandié
Fuente: www.infonews.com
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