Ruidos molestos: Policías podrían aplicar multas y arrestos en la Provincia

Basados en el Código de Faltas la Policía podría controlar con decibelímetros los ruidos cuando registren denuncias en la comisaría contravencional, al margen de los municipios.
Más de 2.200 denuncias por ruidos molestos se registraron en lo que va del año hasta el mes de octubre. El problema, que quedó en la capital en manos del control del Municipio, es abordado desde hace varios años por la agrupación Unidos por el Silencio.
Entre las últimas acciones de la organización, se presentó ante la Convención Constituyente, que trabaja sobre la reforma de la Carta Orgánica Municipal, para proponer la creación de un Juzgado de Faltas Ambientales y la incorporación al organigrama municipal de una Oficina de Control de Ruidos y Vibraciones.
En paralelo, desde la entidad comunicaron sobre un “acuerdo”, que se habría pactado entre representantes gubernamentales de seguridad, el Defensor del Pueblo y la Policía, a través del cual amparándose en el artículo 50 del Código de Faltas, efectivos policiales podrían intervenir, en paralelo a agentes municipales, en el control de los ruidos.
“La Policía utilizará decibelímetros y aplicará el Protocolo sin intervención municipal. Así podrá haber arrestos, multas, secuestros de equipos”, anticiparon sobre el tema desde la organización, en tanto añadieron que los controles podrán ser extensivos a toda la provincia.
La nueva posibilidad de procedimiento, según señala la entidad, habría sido acordada en reuniones de las cuales participaron el subsecretario de Seguridad, Guillermo Weyler, el asesor legal de la Jefatura de Policía, Omar Romero, el defensor del Pueblo, Miguel Alegre, y el representante de Unidos por el Silencio, Jorge Echeverz.
Si bien aún no se conocieron precisiones oficiales respecto al tema, la entidad argumentó que la intervención policial en conflictos por ruidos molestos se basa en la reglamentación del artículo 50 del Código de Faltas de la Provincia y faculta a los funcionarios policiales a utilizar instrumentos electrónicos para medir el sonido, labrar actas de infracción contravencional, intimar al cese y en caso de no obtener respuesta favorable, arrestar a los responsables y efectuar denuncias penales en la comisaría de la jurisdicción a fin solicitar la intervención de fiscales y jueces para secuestrar equipos de sonido.
Según explican, el alcance es provincial y los damnificados por la violencia acústica que deseen la aplicación de esta nueva normativa deberán llamar en el interior a las comisarías locales, y en Capital a la Comisaría Contravencional (4474058) que será la encargada de recibir los reclamos, enviar personal para constatar el ruido, establecer las multas respectivas y los días de arresto que les quepan a los agresores acústicos que se nieguen a abonarlas o a bajar el volumen cuando se lo requieran los uniformados.
El referente de Unidos por el Silencio recordó que “la Policía está obligada a actuar porque es autoridad de aplicación del Código de Faltas, pero hasta el momento carecía de una norma que le permitiese utilizar sonómetros”. Actos proselitistas, recitales y fiestas engrosan la lista de quejas
Fuente: www.hoycorrientes.com
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