La iniciativa cuenta con el respaldo de 1454 vecinos que viven en 27 barrios de la ciudad y tiene como objetivo mejorar los controles para revertir el crecimiento de la violencia acústica. Es apoyada por profesionales de la salud, concejales y funcionarios.
La Asociación Unidos por el Silencio elevó a la Convención Constituyente un novedoso proyecto que plantea la creación de un Juzgado de Faltas Ambientales y la incorporación al organigrama municipal de una Oficina de Control de Ruidos y Vibraciones.
En el primero de los casos, piden que este nuevo Juzgado esté integrado por un juez que posea conocimientos específicos o asesoramiento calificado y concentre y juzgue todas las causas relacionadas con faltas, infracciones o contravenciones que afecten la salud e higiene, medio ambiente y equilibrio ecológico, como las derivadas de la violación a las ordenanzas que penalizan los ruidos molestos, arrojo o depósito de residuos, aguas servidas, emanación de gases tóxicos, olores nauseabundos, etc.
Señalan que induce al pedido, el escaso o nulo interés que en la actualidad le prestan los jueces de Falta a los expedientes ambientales «ya que, a excepción del Juzgado Nº 2 que trabaja con seriedad y eficiencia, el resto no aplica las sanciones establecidas en la ordenanza 5494, tarda un año en citar al infractor o directamente desestima las causas y las envía al archivo, dejándolo impune».
Con respecto a la Oficina de Control de Ruidos y Vibraciones, explican que “Corrientes es la única ciudad de la Argentina que ostenta el triste récord de tener personas fallecidas y otras con patologías severas a causa de la violencia acústica”.
Por tal motivo y por “la creciente demanda social que se manifiesta a través del incremento mensual de denuncias por ruidos molestos que en el mes de septiembre superó las 2200, se hace necesaria la creación de esta nueva estructura para educar, concientizar, prevenir conflictos y mejorar los controles”.
Sobre este último tema, señalan que en la actualidad, el control está a cargo de la Dirección de Saneamiento Ambiental que la mayoría de los días asigna un solo inspector por turno para una ciudad de 400.000 habitantes donde este tipo de infracciones se cometen todos los días en los 105 barrios de la ciudad.
Por otro lado, aclaran que esta Dirección tampoco cumple con el Protocolo de Actuación que suscribió el Municipio con el Gobierno Provincial en la Defensoría del Pueblo y no aplica las ordenanzas vigentes porque el propio director confunde conceptos legales elementales como los de Ruidos Ambientes, Picos frecuentes y escasos. Asimismo advierten que los propios inspectores reconocen que no se los capacita adecuadamente, desconocen las nociones básicas y no están al tanto de las ordenanzas existentes, por lo que no pueden hacer constar su número en ninguna de las actas que labran.
El proyecto consta de 71 hojas, cuenta con el informe de un prestigioso psiquiatra local y con 56 planillas que poseen 1454 firmas, entre las cuales sobresalen la de los concejales, Claudio Polich y José Ramírez Alegre y la del subsecretario de Seguridad de la Provincia, Guillermo Weyler.
“Creemos que no va a haber inconvenientes en su aprobación porque el futuro intendente declaró que el medio ambiente será una de sus prioridades” comentó Jorge Echeverz, coordinador general de Unidos por el Silencio.
Fuente: www.momarandu.com
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