Después del derrumbe, las detenciones

Los detenidos son el dueño de las propiedades, el arquitecto y el maestro mayor de obra que estaban a cargo de los trabajos que se hacían de manera clandestina. Anoche, familiares de las víctimas protagonizaron una marcha de silencio para reclamar justicia.

A una semana del derrumbe de la losa del supermercado Cooperativa Obrera, en Neuquén, fueron detenidos el propietario de la obra, Néstor Guerrero; el arquitecto, Alberto Diez, y el maestro mayor de obra, José Alfonso Enrríquez. Los tres se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 6 a la espera de la indagatoria, a cargo del juez subrogante Mauricio Zabala, quien aceptó el pedido realizado por los fiscales Pablo Vignaroli y Sandra González Taboada. “Ellos son responsables directos porque conocían que había anomalías que podían causar un derrumbe y continuaron la obra de manera indiferente”, sostuvo el fiscal general, José Gerez. Los familiares de las víctimas realizaron anoche una marcha del silencio para pedir justicia y “cárcel a los responsables”.

El jueves 25 de octubre, cerca de las 19.45 una explosión puso en vilo a la comunidad neuquina. Segundos más tarde, donde muchos estaban de compras y otros trabajando, se desplomó sobre sus cuerpos la losa del local. Ahí, “en el acto”, indicó el peritaje realizado por los bomberos, fallecieron Fedra Yáñez, Juan y Thiago Yáñez, Lorena Ockier, Evan Aguilar, Carlos Arrigoni e Ida Martínez. Otros tantos resultaron heridos.

Para los fiscales, esos hechos encuadran en las figuras de “estrago, homicidio u homicidio con lesiones reiteradas y homicidios reiterados. El Ministerio Público Fiscal considera que es dolo eventual”, señaló Gerez en una conferencia de prensa.

Los investigadores encontraron que los tres imputados figuran como responsables de las dos obras que se estaban ejecutando de manera “clandestina”. Se trata de un edificio en el pulmón de la manzana –que desde el principio los funcionarios municipales alegaron que “no se ve”, por lo que no habrían podido realizar controles– y de los departamentos que se estaban construyendo encima del supermercado, ubicado en Ortega y Gasset y Godoy. En ese contexto, Guerrero y Diez, “sabiendo las deficiencias estructurales de la edificación, continuaron la ejecución de la obra en el piso superior”.

Silva, como capataz de la obra, prestó colaboración “indispensable” para que sucediera el derrumbe: “Puntualmente conocía y le resultó indiferente, que la elaboración tanto de las columnas como de las vigas emplazadas en la planta baja se efectuó en obra, que se encontraba al límite de sus resistencias máximas (…) y que poseía una deficiencia en el hormigón constituyente de las columnas y vigas”, detalla el pedido de detención.

Gerez apuntó que los imputados “hace por lo menos una década que trabajan en el rubro de la construcción”. Según informó el fiscal, Guerrero es propietario de tres corralones y de diversas propiedades “en toda la provincia” que alquilaría a turistas. Además, enfatizó, “es su propio proveedor de materiales”.

El pedido de detención se realizó luego de haber allanado la municipalidad local, recabado el testimonio de 28 personas y analizado decenas de expedientes. Tras el derrumbe, desde la Cooperativa responsabilizaron a un “tercero”, la obra lindera, e indicaron que “la Cooperativa es totalmente ajena” al hecho.

En la requisitoria, los fiscales precisan una lista de más de diez normas municipales que fueron incumplidas. Sin embargo, aún no verificaron si pesará algún cargo sobre algún funcionario. Gerez explicó que la investigación fue dividida en dos. “Ahora vamos a investigar las responsabilidades indirectas o secundarias, verificar si los funcionarios por su trabajo debieron observar o tener un determinado cuidado, incumpliendo por acción u omisión que hicieron posible este desenlace”.

Los familiares de las víctimas realizaron una marcha del silencio. “Nos estamos organizando para ver cómo llevar las acciones legales: si individualmente o en conjunto”, contó Naldo Aguilar, que perdió a su hermano y a su cuñada. “Según la información que tengo, no hubo ningún llamado de parte del Ejecutivo provincial ni del municipal a los familiares”, dijo Aguilera a este diario.

Fuente: Pagina 12
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