Este miércoles, agentes policiales y municipales desalojaron el inmueble ubicado en San Luis 1038 donde habitaba una decena de familias que resistieron la disposición judicial. Pasadas las 8, un oficial de Justicia se presentó en el lugar, en peligro de derrumbe, escoltado por tres camiones de la central de Emergencias, agentes de la Guardia de Infantería, policías con escudos y cascos y patrulleros.
En tanto, algunas de las familias que ocupaban el lugar resistían el desalojo. Mientras que otras amenazaron con dejar todas sus pertenencias en la plaza Montenegro a modo de protesta, de acuerdo a lo informado por el periodista Ariel Borderi de Radio 2.
El secretario de Gobierno del municipio Fernando Asegurado contó que «hubo ofertas desde Promoción Social para que, por un tiempo prudencial, puedan encontrar salida teniendo en cuenta que el derrumbe podría ser inminente«.
El funcionario aseguró que se encontraron con «diferentes situaciones» en el grupo que habitaba el inmueble. «Había personas solas, adultos mayores que fueron a hogares del municipio. Había familias con uno o dos chicos, otras más numerosas», detalló.
«En una primera instancia había nueve grupos familiares, pero aprovechando la situación se sumaron otros», criticó Asegurado.
El juez Civil y Comercial Nº 2, Eduardo Arichuluaga, ordenó la liberación del inmueble que el 9 de febrero pasado sufrió el desprendimiento de uno de sus balcones. La precariedad del edificio motivó la decisión del magistrado.
Los habitantes del lugar, en su mayoría vendedores ambulantes, vienen resistiendo el desalojo con medidas de protesta que incluyeron el corte de la calle an Luis. A pesar de la intervención de la Municipalidad, los ocupantes se negaron a dejar el lugar y acomodarse en instituciones, al menos de manera transitoria. También se les ofrecieron subsidios para pagar pensiones.
En este marco, el Concejo municipal aprobó un proyecto por el que se solicitó la intervención del Servicio Público de la Vivienda (SPV) y la Dirección Provincial de la Vivienda y Urbanismo (DPVyU) para reubicar a las familias.
Fuente: www.rosario3.com
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